A partir de 1 de enero de 2020, los nuevos padres podrán disfrutar de un permiso de paternidad de 12 semanas, cuatro semanas más que las ocho que se empezaron a conceder a partir de abril de 2019. Además, el periodo para que los progenitores puedan cuidar de sus hijos subirá a 16 semanas en 2021, de modo que la baja se equiparará a las madres. Las cuatro primeras semanas del permiso, los padres se tendrán que coger de forma seguida e inmediatamente después del nacimiento, las ocho restantes podrán ser distribuidas a elección del interesado aunque se tendrán que disfrutar dentro del primer año del hijo.
Mediante Real Decreto 18/2019, de 27 de diciembre, se han adoptado nuevas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, y se han prorrogado otras, entre las que cabe destacar algunas de ellas. Se prorrogan para 2020, los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF la aplicación del método de estimación objetiva pata las actividades económicas incluidas en ese ámbito de aplicación. De manera similar, se prorrogan los limites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca en el IVA.
Se prorroga nuevamente la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, suprimiéndose la bonificación del 100 por 100 para 2020, trasladándola a 2021.
Se establece un nuevo plazo para renuncia y revocaciones en el régimen de estimación objetiva y para los regímenes especiales simplificados y de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA.
Se actualizan mediante coeficientes, los valores catastrales de los municipios que lo habían solicitado.
El Gobierno mantendrá la exención fiscal máxima del régimen de módulos de los autónomos en 2020, con lo que 400.000 de estos profesionales por cuenta propia seguirán disfrutando un año más de esta bonificación. Mediante Real Decreto-ley se aprueba además de esta medida, prorrogar un ejercicio más el Impuesto sobre patrimonio y actualizar los valores catastrales de los municipios que quieran actuar sobre el IBI.
El Tribunal Supremo ha establecido que el alto directivo tiene derecho a indemnización por despido, incluso aunque hubiera pactado con la empresa que no haya indemnización por cese y que ésta disfrutara de exención fiscal. Así lo ha dictado en una sentencia, que cierra la discusión que sobre este asunto mantienen desde hace años los tribunales y hacienda. Este fallo obligará a la Agencia Tributaria (AEAT) a corregir su criterio y permite que los directivos cuyo contrato se haya extinguido en los últimos cuatro años reclamen o que la AEAT haya ingresado indebidamente.