Se ha publicado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Entre las medidas adoptadas, destacamos en el ámbito mercantil:

-Extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las operaciones de financiación a autónomos y empresas que han recibido aval público canalizado a través del ICO (art. 1):

              El plazo de vencimiento de los avales se podrá extender por un máximo de tres años, siempre y cuando cumpla con los requisitos relacionados en el art. y que la operación avalada no supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial de la operación.

              El plazo de carencia en la amortización del principal de la operación avalada podrá ser aumentada en un máximo de dos meses adicionales, siempre y cuando cumpla con los requisitos relacionados en el art y que el plazo total de carencia no supere los 24 meses.

               Alguno de los requisitos para solicitar la ampliación del plazo o de la carencia de la amortización son: que la financiación no esté en mora, que el deudor no figure en la CIRBE, que el deudor no esté en concurso, que el deudor cumpla con los límites establecidos por la normativa de Ayudas de Estado de la UE, entre otras.

Desde el punto de vista contable: de llevarse a cabo las citadas extensiones del plazo, el deudor deberá analizar si se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda con el objeto de realizar un ajuste extracontable. En este sentido el PGC entiende que la modificación sustancial es cuando hay una variación de un 10% o más en la valoración de la deuda actualizada con respecto a la anterior.

-Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho privado (art. 3):

Durante el año 2021, las sociedades podrán prever, en la convocatoria de la junta general, la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, en los términos previstos en los art. 182,189, y 521 del RDL 01/2010.

Durante el año 2021, la mayoría de sociedades podrán celebrar junta general por videoconferencia o por conferencia telefónica siempre que todas las personas tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario reconozco su identidad y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

El pasado 27 de octubre, se aprobó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, a nivel impositivo las principales modificaciones a destacar son las siguientes:

IRPF: incremento de 2 puntos porcentuales para bases liquidables superiores a 300.000 €, con lo cual, si las CCAA no modificasen sus tarifas, se llegaría a unos marginales máximos de entre 45,5 y 51,5%. Además, se suben 3 puntos, pasando el marginal del 23 al 26%, en la tarifa del ahorro. Por último, se rebajará la aportación máxima a planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 €, subiendo el limite conjunto de aportaciones individuales y de planes de empleo de 8.000 a 10.000 €.

I. PATRIMONIO: se subirá le marginal máximo de la tarifa estándar del 2,5 al 3.5%, si bien esto solo tendrá el efecto que quieran que tenga las CCAA. De hecho en la actualidad hay varias comunidades que alcanzan más del 3%.

IVA: se incrementa del 10 al 21% el tipo aplicable a  la venta de bebidas alcohólicas azucaradas que no se realice en establecimientos de hostelería.

IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGURO: se incrementa el tipo del 6 al 8%.

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS: se incrementa el tipo estatal de 30,7 céntimos/litro a 34,50.

Se prorroga un año más los módulos como sistema de tributación por estimación objetiva, con los mismos límites que se venían aplicando desde el 2016. Nosotros, como asesores, entendemos que dada la situación actual, se deberían adaptar los módulos a la baja actividad producida por la pandemia. A pesar de que muchos autónomos se han pasado a la estimación directa, antes del 20 de mayo, con la posibilidad de volver, si quieren en los próximos tres años, la imposibilidad de planificar ha dejado atrapados a muchos pequeños negocios, sobre todo en hostelería y el transporte, incluido el sector del taxi.

El Tribunal Supremo ha dado un toque de atención a la Agencia Tributaria a la hora de solicitar la autorización del registro de una empresa basada en los indicios de ocultar facturación al compararlo con la media de su sector. En concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado por defectos de motivación un auto judicial que permitió a Hacienda un registro físico, al realizarse bajo la premisa de que simplemente estaba ocultando cifras de ventas al facturar por debajo de la media de la competencia. La sentencia fechada el pasado 1 de octubre, establece que "la corazonada o presentimiento de la Agencia Tributaria" está fuera de lugar para pedir el registro de una empresa por posible fraude, aunque esté basado en estadísticas.