El Gobierno ha rebajado a 1.500 euros anuales el máximo de aportación que puede desgravarse en el IRPF por planes individuales de pensiones, según recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. En paralelo, se eleva hasta los 8.500 € la aportación deducible en el caso de planes de pensiones colectivos o de empresa. 

En el BOE de 29 de septiembre, mediante RD 817/2021, se fija el nuevo SMI para 2021. Y surtirá efectos entre 1 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2021, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo establecido con efectos del 1 de septiembre de 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto a las previstas en el SMI 2020.

El SMI queda fijado en 32,17 €/día o 965 €/mes.

Trabajadores eventuales y temporeros: 45,70 € por jornada en la actividad.

Empleados de hogar: 7,55 € por hora efectivamente trabajada.

La Seguridad Social acuerda con las asociaciones de trabajadores autónomos mantener las ayudas al colectivo hasta el 28 de febrero, incluida la prestación extraordinaria por cese de actividad, que había sido cuestionada. Para la prestación extraordinaria se exigirá una caída del 75% comparando el último trimestre de 2019 con el último trimestre de 2021. El límite de ingresos sube hasta el 75% del SMI. Asimismo, se mantienen exoneraciones graduales para aquellos que hayan venido disfrutando de algunas de las prestaciones hasta septiembre y al prestación ordinaria sigue regulada como hasta ahora.

Se ha publicado el Real Decreto 18/2021, de 28 de septiembre, sobre medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, mediante el cual se extiende la protección de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre. A partir de 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen actividades formativas. En cuanto a estas acciones formativas, deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022. Los ERTE seguirán contando con las cláusulas de protección como, entre otras, el llamado contador a cero, que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022, o la cláusula de mantenimiento de empleo. También las limitaciones a la subcontratación, a la realización de horas extraordinarias o los límites relacionados con el reparto de dividendos y el acceso a estas ayudas por parte de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Se reconoce, además una prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos.