Está en marcha un proyecto de Orden que, entre otras cuestiones, pretende que se modifiquen los plazos de presentación de varios modelos como el 347 y el 184, de declaración de operaciones con terceros y de declaración informativa de las entidades en régimen de atribución de rentas, respectivamente, adelantándolos de febrero a enero del año siguiente al que se refiere la información, estando previsto que se empiece a aplicar ya en la presentación de los modelos correspondientes a 2017.
Las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Contratos del Sector Público blinda a las pymes frente a la morosidad que sufren, sobre todo por parte de las empresas constructoras. La norma permitirá incluso que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.
La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos permitirá a los empresarios utilizar las cámaras de seguridad de los centros de trabajo para funciones de control a los empleados, más allá de las meras razones de seguridad. de aprobarse tal y como se ha redactado el anteproyecto. Así, la videovigilancia podrá emplearse, entre otras finalidades, para ver si los trabajadores cumplen con sus labores, si respetan el horario de trabajo y para vigilar sus ausencias. El único requisito que se exigirá es que se informe de que las imágenes captadas pueden emplearse para tal fin. Si las imágenes captan la comisión flagrante de un acto ilícito de algún trabajador, la norma rebaja la exigencia de información por parte del empresario. Bastará con que el dispositivo de grabación se encuentre en un lugar suficientemente visible, identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en el nuevo Reglamento europeo de protección de datos. El artículo 15 de la futura LOPD se sitúa dentro del capítulo dedicado a la regulación de tratamiento especiales.
Los efectos del Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo han sido mínimos y han dejado a todas las partes insatisfechas.
Los bancos recibieron una nueva oleada de reclamaciones tras la entrada en vigor de la norma, que además obligaba a implantar departamentos especializados de atención y mecanismo de información.
Los juzgados siguen colapsados con pleitos por lo que los afectados por las cláusulas suelo no obtuvieron una respuesta satisfactoria a sus reclamaciones o no deseaban esperar más para llegar a una solución.